Los permisos para portar armas en España muestran cifras de necesaria revisión, mientras tanto, Vox coloca en análisis nuevas exigencias en materia de su autorización.
Recientemente en el Colegio de Guardia Jóvenes Duque de Ahumada en Valdemoro, Madrid, se realizó un acto donde se representó simbólicamente la destrucción de unas 1400 armas de fuego en respuesta a la actual situación.
Para conocer en detalles cómo se comporta la concesión de los permisos para portar armas de fuego, y que propone Vox en este sentido, continúa leyendo hasta el final.
¿Cómo se comporta la concesión de licencias por armas de fuego en España?
A partir de los datos recogidos por el Ministerio del Interior en España, en el año 2021 se reflejó un crecimiento de un 38% de la cantidad de licencias y autorizos emitidos a particulares para la posesión y uso de armas.
En este sentido las armas cortas, dígase pistolas y revólveres, llegan por vez primera a una cifra superior a las 3000 en nada más que un año, subiendo un 53% y llegando casi a las 9000.
Al hacerse un recuento de todas las autorizaciones emitidas en el 2021, según las estadísticas de Interior, se revela un cambio notable en la tendencia del último quinquenio.
Por primera vez y ampliamente, la cantidad de autorizaciones y licencias otorgadas en un año estuvo por encima de las 300.000, llegando a sumar 363,406.
O sea, se autorizaron alrededor de 100.000 más que las aprobadas en los años 2020, 2019 o 2017, en los cuales nunca se excedieron de las 270.000.
En el 2021, se otorgaron un total de 219.664 licencias, que representan 57.631 por encima de las concedidas el anterior año. La mayor cantidad de estos permisos correspondió a las armas largas rayadas de calibre 5,6 milímetros, consignadas a escopetas de caza y al tiro deportivo.
De igual modo, fueron aprobados 105.020 permisos para armas largas rayadas de caza mayor (30.560 más que en 2020) y para concurso de tiro deportivo se dieron 15.865 licencias las que exceden en 5.648 a las otorgadas en el 2020.
En esta estadística se incluyen además las solicitudes que fueron denegadas y las bajas con una cifra de 12.048.
No obstante, lo que es más llamativo en estos datos, es el número de autorizaciones dadas a particulares para la posesión de armas cortas; llegando a alcanzar en el 2021 una cifra de 3.750 que representa un 53% más de los autorizos otorgados en el 2020, y un 33% por encima de las del 2019.
No olvidar que este fue el año anterior a la pandemia del COVID- 19, y estuvieron detenidas en todo el país las actividades de interacción social y la movilidad. En tal sentido, se denegaron 243 solicitudes de este tipo de licencias y se contabilizaron 181 bajas.
En base a la estadística realizada por el Ministerio del Interior para el 31 de diciembre del pasado año, en España existían 8.950 autorizaciones y licencias dadas a particulares para portar revólveres y pistolas.
Íntegramente, al cierre del 2021 estaban en vigor una cantidad de 1.492,571 licencias, con un total de 2.705.429 armas de fuego.
De este total, 896.669, que representa la mayoría, eran para armas de tiro deportivo, armas largas y escopetas.
A estas le siguen en número las de caza mayor con 394.357, las de avancarga, históricas o antiguas con 38.847 y finalmente 32.659 de personal de seguridad o vigilancia, a los cuales se les autoriza el uso, pero no la tenencia.
¿Qué propone Vox?
Este incremento de las concesiones para portar armas en España, se da en un escenario político en el cual, por vez primera, un grupo gubernamental aboga abiertamente por el uso de armas de fuego como recurso de defensa propia ante las agresiones.
En medio de este panorama, Vox: partido que ocupa el lugar tres en el Congreso con 52 diputados, ha propuesto que se legalice la usanza de armas en defensa propia.
Este partido planteó la realización de una reforma al Código Penal que autorice la utilización de armas en el centro laboral o en el hogar para defenderse en caso de una agresión.
El mes de septiembre del año en curso, este partido defendió en el Congreso una proposición de ley, en función de garantizar la exención de responsabilidad total al realizarse una acción en legítima defensa. La misma fue rechazada por los restantes grupos gubernamentales.
El secretario de Organización de Vox, Javier Ortega Smith estuvo a cargo de la defensa de esta propuesta. Enfatizó en cuanto a la necesidad de sensibilizarse con aquellas personas que han cumplido sentencias penitenciarias, por haber tenido que actuar en defensa propia, ante algún tipo de agresión ocurrida en sus hogares.
Desde la tribuna de la Cámara, Smith hizo un llamado a la actualización de leyes que en este sentido están obsoletas. Recalcó que esto ha generado que numerosos españoles hayan atravesado por situaciones judiciales muchos más trágicas en la resolución de sus casos.
Asimismo, durante la campaña precedente a las últimas elecciones generales, que generaron más de 50 diputados a la columna ultraderechista, Vox, desde las redes sociales se proclamó en defensa del derecho de poseer armas en el hogar a aquellos españoles que estuviesen en pleno ejercicio de sus facultades mentales y no tuviesen antecedentes penales.
Defendió el uso de las armas en defensa propia ante la existencia de una real amenaza en los hogares, sin que ello presuponga una sanción penitenciaria para el dueño del arma o tener que indemnizar a los familiares de los maleantes.
En la información emitida por Vox desde su cuenta de Twitter, se precisaba que esta propuesta era particularmente importante para aquellos lugares menos poblados del país, teniendo en cuenta que la Policía tardaba más en llegar ante la ocurrencia de este tipo de emergencias.
En España está establecido que no se permite la posesión ni uso de armas de fuego si no se tiene una autorización o licencia expedida por la Guardia Civil que es una de las autoridades designadas para esta labor.
De acuerdo con el tamaño del arma y el uso que se le pretende dar, se han definido cinco tipos de licencias: de vigilancia, de tiro, particular, deportivo o de caza.
Para obtener una de estas licencias, los interesados deben certificar que poseen adecuadas aptitudes físicas y psicológicas, además de saberes acerca de manejo, conservación y mantenimiento de las armas.
El pasado año, según datos de Interior, en España se decomisaron e intervinieron un total de 246.952 armas por carencia de autorización y uso irregular. El mayor número de confiscaciones correspondió a las escopetas, con una cifra de 117.799, siguiéndole 47.704 de armas blancas, 40.741 de pistolas, en revólveres 16.713, una cantidad de 10.516 en rifles y 10.464 de carabinas.
Para finales de año, de todas las armas incautadas al menos 51.717 estaban pendientes para hacerse chatarra y 21.802 ser subastadas.
España dista de otros países en las actuales cifras
A pesar de lo anterior, España en comparación con otras naciones de América y Europa continúa siendo una nación poco armada.
Así lo demuestra el estudio realizado por la organización internacional Smalll Arms Survey, donde se cuenta con datos del 2017 que revelan que España está muy distante de los 25 países que lideran la clasificación mundial de armas de fuego por cada 100 habitantes.
Según esta investigación, los Estados Unidos al contar con una ratio de 120, es el país que encabeza la lista; en tanto Portugal posee una de 21 y las naciones de Alemania y Francia casi de 20.
Dicho informe mostró, que a partir de ese año en el mundo estaban en circulación alrededor de mil millones de armas de fuego, de las cuales el 85% era en posesión de civiles, un 13% en arsenales militares y el 2% restante se encontraba en las fuerzas del orden encargadas del cumplimiento de la ley en cada territorio.
Conforme con las estimaciones realizadas, se evidencia un aumento de las reservas mundiales de armas, principalmente las que estaban en propiedad de civiles; pasando de 650 millones en el año 2006 a 857 millones diez años después. Entre los datos estadísticos del Ministerio de Interior, se incluyen las guías de pertenencia de armas particulares para cuerpos de seguridad autonómicos, del Estado, de Vigilancia Aduanera y para profesionales con licencia de las fuerzas armadas; sumando un total de 178.755, cuyo 39% corresponde a miembros de la Guardia Civil.